Irán ejecutó en la horca este domingo 7 de diciembre a un sujeto que la Corte Suprema consideró «cabecilla de una gran estafa de inversiones», a través un esquema piramidal que estafó a decenas de miles de personas mediante promesas de compras de automóviles a precios por debajo del mercado.
Mohamad Reza Ghaffari, dueño de la empresa Rezaayat Khodro Taravat Novin, fue ahorcado este domingo luego de que se ratificara su sentencia de muerte por una «perturbación a gran escala del sistema económico del país y fraude en red», según el portal Mizan Online, del poder judicial.
El esquema piramidal, iniciado en 2014 en la provincia de Qazvin, al noroeste de Teherán, prometía vehículos a precios menores a los del mercado y luego se extendió a bienes raíces y planes de inversión.
Los fiscales acusaron a Ghaffari y sus socios de «tomar grandes sumas de dinero de la gente» y en un clásico esquema de estafa Ponzi que usaba los nuevos depósitos para pagarle a los clientes iniciales. Según la acusación, el sistema fue creciendo hasta llegar a implicar el equivalente a unos 350 millones de dólares
Solo «alrededor de 4% de los clientes» de Ghaffari pudo salvar su dinero o acceder a un vehículo, indicó el portal de Justicia iraní. El caso registró más de 28.000 reclamos e involucró a 28 acusados.
Según las autoridades judiciales, la estafa causó un «grave daño financiero y psicológico a las víctimas», incluyendo innumerables problemas atribuidos al estrés y conflictos familiares.
Irán aplica la pena de muerte para casos de asesinato y violación, así como grandes casos económicos y de espionaje.
Las ejecuciones son habituales en Irán y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian a menudo que es el segundo país que más aplica la pena capital, después de China.

