El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), bajo la órbita del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, oficializó la Resolución 2076/2026, mediante la cual dispuso la suspensión masiva de la autorización para funcionar a cerca de 6.500 cooperativas y mutuales en todo el territorio argentino. La inhabilitación alcanza a entidades inscriptas hasta finales de 2024 que registraron demoras o incumplimientos en la entrega de documentación asamblearia y balances contables correspondientes al período que va entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
Motosierra en el INAES y plazos de intimación
De acuerdo con la resolución, las organizaciones alcanzadas por los Anexos I a VI quedan inhabilitadas para efectuar cualquier tipo de trámite o gestión operativa ante el organismo descentralizado hasta tanto no regularicen su situación administrativa, al tiempo que se les abrieron procesos sumariales. Asimismo, la medida otorgó un esquema de plazos administrativos para entidades creadas en los últimos tres años:
- Entidades constituidas en 2023 y 2024: Cuentan con un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar los estados contables y actas de asamblea adeudados.
- Entidades constituidas en 2025: Se les fijó una ventana de 60 días hábiles administrativos para ingresar la documentación respaldatoria.
Desde la autoridad nacional advirtieron que las cooperativas intimadas que no cumplan con la presentación en las ventanas temporales estipuladas sufrirán la suspensión automática de su matrícula y la sustanciación de sumarios. Por otra parte, la resolución contempla excepciones temporales de relevamiento para mutuales de colectividades y cooperativas encargadas de prestar servicios públicos esenciales en sus localidades, siempre que no registren observaciones ante los organismos de prevención de lavado de dinero.
El repudio desde provincia: «Le impide trabajar al 40% de las cooperativas bonaerenses»
La oficialización del achique regulatorio encendió de inmediato las alarmas en lso movimientos sociales y cooperativistas y cosechó el enérgico rechazo por parte de las autoridades del gobierno bonaerense. El titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires (IPAC) y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, repudió públicamente la medida dictada por el INAES y denunció el impacto devastador que provoca sobre el empleo no concentrado y las economías regionales.
A través de sus redes sociales, Onorato dimensionó el alcance real de la embestida administrativa de la Casa Rosada en territorio bonaerense: “Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”
El funcionario provincial contrapuso el esfuerzo de contención que lleva adelante la Gobernación de Axel Kicillof con la política de paralización que promueve el Poder Ejecutivo Nacional: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1.916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, subrayó.
Cómo es el trámite para intentar levantar la suspensión
Para aquellas entidades asociativas que buscan recuperar la habilitación jurídica y retomar sus operaciones comerciales o de servicios, el reglamento fijado por la resolución del INAES establece que deberán presentar de manera digital o presencial ante la autoridad nacional, o ante los órganos locales competentes como el IPAC, la totalidad de las memorias, balances y actas de asamblea pendientes.
A su vez, el procedimiento exige la realización de la Actualización Nacional de Datos y la cumplimentación del Registro Legajo Multipropósito. Una vez que el instituto verifique el ingreso de la documentación contable exigida, se procederá al levantamiento automático de la inhabilitación en los sistemas oficiales, sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones sumariales administrativas iniciadas.
Frente al volumen de unidades productivas suspendidas, desde el IPAC reclamaron formalmente que el INAES «revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas» para evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo registrados bajo el modelo cooperativista.