El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos retomó este lunes las audiencias por el hundimiento del ARA San Juan, con una extensa jornada marcada por declaraciones técnicas que volvieron a poner en discusión el estado operativo del submarino antes de su última misión.
Durante más de diez horas, testigos propuestos por la fiscalía aportaron detalles sobre ensayos que no se habrían realizado y fallas detectadas tras la reparación de media vida. En ese marco, el exjefe de Logística y Planificación del Proyecto de Submarinos (PYSU), Fabián Walter Krawinkel, aseguró que la embarcación zarpó sin completar pruebas clave. “Nunca se realizaron las pruebas clave, que son las de máxima profundidad y máxima velocidad”, sostuvo ante el tribunal.
Según explicó, esos ensayos eran fundamentales para garantizar la seguridad estructural del submarino, y su ausencia implicaba un riesgo para los 44 tripulantes. También vinculó posibles fallas a problemas eléctricos: “un portafusible que se había fundido”, en un contexto donde “en un submarino, los incendios suelen ser eléctricos, debido a la alta densidad de equipos eléctricos a bordo”.
El debate también incluyó la reconstrucción de incidentes previos durante las pruebas realizadas tras la reparación. Se mencionaron cortes totales de energía, ingresos de agua en sistemas clave y fallas en la propulsión, situaciones que —según los especialistas— pueden ser habituales en etapas de testeo, pero que deben resolverse antes de la operatividad plena.
En paralelo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Víctor Manuel Pereyra, coincidió en la relevancia de los ensayos técnicos y describió las pruebas de máxima exigencia como instancias determinantes. “Son dos ensayos exigentes, que solo pueden realizarse una vez aprobadas todas las instancias previas”, explicó.
Pereyra también aportó una mirada sobre el desenlace, al señalar que el submarino pudo haber perdido el control de profundidad antes del hundimiento. “No sabemos qué pasó con el ARA San Juan. Fue algo muy duro”, expresó, visiblemente afectado.
Uno de los momentos relevantes de la audiencia fue la referencia a un audio grabado en 2017 por el comandante del submarino, Pedro Fernández, en el que describía el estado de la nave meses antes del hecho: “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”.
Ese registro se sumó a otros elementos analizados por el tribunal, como informes de navegación y reportes de fallas reiteradas, especialmente en el sistema de propulsión y en componentes vinculados a las baterías.
La fiscalía y las querellas sostienen que el ARA San Juan no estaba en condiciones óptimas para zarpar y que existían advertencias previas que indicaban un riesgo elevado. Entre ellas, tareas de mantenimiento pendientes, restricciones operativas y pedidos para ingresar a dique seco que no se concretaron.
En contraposición, las defensas plantean que, pese a las reparaciones pendientes, la nave mantenía condiciones de navegabilidad y seguridad suficientes para la misión asignada.
El proceso busca determinar si hubo negligencias en la cadena de mando que permitieron la salida del submarino en esas condiciones. Cuatro ex altos mandos de la Armada están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes, cargos que todos negaron.
El ARA San Juan había partido el 8 de noviembre de 2017 desde Ushuaia y perdió contacto el 15 de ese mes, luego de reportar un ingreso de agua en el sector de baterías. Ese incidente habría generado un cortocircuito que, según la hipótesis acusatoria, derivó en una explosión interna y la posterior implosión del casco a gran profundidad.
Los restos del submarino fueron hallados un año después, a 907 metros bajo el mar. Mientras tanto, el juicio continúa con nuevas audiencias testimoniales previstas para esta semana, en busca de esclarecer las causas del hundimiento y las posibles responsabilidades penales.