La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y ratificó la medida cautelar que obliga a implementar sin demoras la Ley de Financiamiento Educativo Universitario, incluyendo la recomposición salarial docente.
El fallo dispone el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de salarios para docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025, además de la recomposición de programas de becas estudiantiles.
Los jueces cuestionaron con dureza la presentación del Ejecutivo y calificaron sus argumentos como “poco serios”, al tiempo que descartaron que la cautelar implique una sentencia definitiva encubierta.
En esa línea, remarcaron que el impacto fiscal es bajo y no afecta el interés público, al subrayar que lo que está en discusión es un derecho central como el acceso a la educación superior.
La medida original había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a más de 40 universidades públicas.
En ese fallo, el magistrado había cuestionado el Decreto 759/2025, que suspendía la aplicación de la ley, al considerar que presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y una clara falta de cumplimiento de un deber jurídico.
Desde el Gobierno habían sostenido que la norma requería financiamiento previo dentro del Presupuesto y advirtieron sobre posibles riesgos para el equilibrio fiscal, argumentos que finalmente fueron desestimados por la Cámara.
El conflicto universitario se mantiene en escalada desde 2024, con masivas movilizaciones en todo el país contra el veto presidencial y bajo consignas como “Si hay veto, hay marcha”.
Mientras tanto, desde el oficialismo analizan impulsar una nueva ley que modifique el esquema vigente y permita alcanzar consensos en el Congreso para destrabar el conflicto.