Un fallo judicial puso punto final a la demanda de empleadas de un comercio que denunciaron a su titular porque, según pudieron constatar mediante cámaras colocadas dentro del local, les tomaba prendas íntimas que tenían en sus carteras para utilizarlas en algunas expresiones y perversiones sexuales.
El Tribunal de Trabajo N°5 consideró que el imputado había incurrido en delito y por eso los condenó a indemnizar a las dos víctimas con un monto que fijó en el orden de los 60 millones de pesos, según confirmaron desde la representación legal de ambas jóvenes.
Los hechos ocurrieron hace un año y medio y generaron gran impacto, sobre todo porque trascendió el video en el que se ve al hoy condenado como ingresa al baño del comercio, abre las carteras de sus empleadas, extrae bombachas y les da uso a su manera.
Las empleadas habían sospechado de esa situación y para probarlo dispusieron de esa cámara con la que pudieron registrar que lo que sospechaban era real. Y con esa prueba, recurrir a sede judicial para hacer la correspondiente presentación. Como primera medida se le aplicó una restrucción de acercamiento a quienes habían sido sus empleadas.
Una de las jóvenes, de 18 años, fue echada de la firma luego de que confirmara estos episodios. La causa se tramitó en la justicia laboral y encontró este fallo, conocido en las últimas horas y que lleva la firma de las juezas Erika Salette, Natalia Gómez y Stella Maris Moscuzza.
De la investigación se pudo conocer que el acusado apenas alegó que el video presentado como evidencia incriminatoria no era auténtico y como tal no podía ser valorado como prueba a la hora de emitir veredicto. Su pedido no prosperó.
El abogado Juan Ignacio Marcellac valoró una sentencia condenatoria, según dijo, con la “suficiente energía para cumplir el desafío de disuadir este tipo de conductas”. Confirmó, en declaraciones a Teleocho Informa, que la indemnización fijada por la justicia ronda los 60 millones de pesos.
“La sociedad no está dispuesta a tolerar nunca más este tipo de situaciones”, dio el profesional y calificó este fallo como “un ejemplo para quienes experimenten ests situaciones de abuso de poder, violencia de género y vulnerabilidad”.
“La instituciones están para proteger”, señaló y resaltó que este tipo de hechos suelen ser de muy difícil acreditación, por lo que consideró muy importante la prueba generada por las propias víctimas, además del valor que le dieron las juezas.
Marceillac entendió que el tribunal “dio un claro ejemplo de cómo interpretar el Derecho Procesal desde la perspectiva de género para contener a la mujer frente a alguien que abusa de su autoridad para generar una violencia sobre ella”.