El Gobierno nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea, una propuesta que apunta a establecer nuevas reglas para el funcionamiento de las plataformas de apuestas y fortalecer los controles frente al crecimiento del juego online.
Uno de los ejes principales del proyecto es considerar la prevención del juego compulsivo como una política sanitaria. En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de SEDRONAR, tendrá a cargo el diseño y coordinación de estrategias de prevención, asistencia y abordaje integral junto con las provincias.
Entre las medidas previstas, se impulsarán programas de concientización dirigidos especialmente a niños, adolescentes, familias, escuelas y organizaciones sociales, además de capacitaciones para agentes estatales y equipos vinculados a salud mental y consumos problemáticos.
La propuesta también contempla generar estadísticas e información epidemiológica para medir el impacto de la ludopatía en el país y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia.
Por otro lado, el proyecto establece una articulación entre Banco Central, Comisión Nacional de Valores, ENACOM y NIC Argentina para avanzar sobre plataformas ilegales. El objetivo será bloquear herramientas financieras, tecnológicas y dominios utilizados por operadores no autorizados.
Además, se prohíbe que entidades financieras, billeteras virtuales o proveedores de activos digitales operen con plataformas ilegales.
En materia de publicidad, el texto propone prohibir la promoción, patrocinio y difusión de sitios de apuestas ilegales en televisión, radio, vía pública, redes sociales y entornos digitales. También exige que medios, agencias y creadores de contenido verifiquen que los operadores promocionados cuenten con habilitación oficial.
Respecto a la protección de menores, se plantea que las plataformas autorizadas deberán contar con sistemas eficaces de verificación de edad y se impedirán transferencias desde cuentas vinculadas a menores hacia operadores de juego.
Además, se busca impedir que la publicidad de apuestas esté dirigida a menores o relacione el juego con el éxito económico, laboral o social.
Por último, el proyecto incorpora cambios al Código Penal con penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas ilegales y de dos a cuatro años para quienes faciliten esos sistemas mediante servicios financieros, tecnológicos, digitales o publicitarios.
La iniciativa busca dar una respuesta integral al crecimiento del juego online y su impacto sobre la salud mental, especialmente entre niños y adolescentes.