La senadora provincial Fernanda Raverta encabezó un encuentro en la sede del Partido Justicialista nacional junto a organizaciones que representan a personas con discapacidad para analizar el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Milei.
Durante la reunión, Raverta —quien además es secretaria de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad del PJ nacional— advirtió que la iniciativa “instala una lógica de sospecha sobre las personas con discapacidad” y sostuvo que “la ley de Milei no busca corregir problemas de implementación, sino imponer un cambio de paradigma que reduce derechos y cobertura”. En ese sentido, remarcó: “Desde el peronismo vamos a trabajar para que esta ley no avance y para que el gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue votada por amplia mayoría”.
En esa línea, profundizó las críticas al contenido del proyecto. “El gobierno mandó al Congreso un texto que habla de fraude cuando debería hablar de derechos. Es una ley que no cuida, que no protege. Es cruel y muestra desprecio para las personas con discapacidad”, afirmó. Y agregó que “se vuelve a una lógica vieja, que mide a las personas por su capacidad de trabajar y no por sus derechos, desconociendo todo el camino construido en estos años”.
El encuentro en la sede del Partido Justicialista nacional tuvo como eje el análisis del impacto del proyecto —actualmente en tratamiento en comisiones del Senado—, la escucha de las organizaciones y la articulación de una estrategia política para impedir su aprobación.
La reunión contó con la presencia de los senadores nacionales Eduardo Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti; los diputados Teresa García y Eduardo Valdés; Lourdes Farías y Margarita Recalde, entre otros dirigentes y referentes del área.
Entre los puntos más cuestionados figura la eliminación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y su reemplazo por un esquema centrado en la “invalidez laboral”. Según plantearon desde el peronismo, este cambio implica dejar de considerar la discapacidad desde un enfoque de derechos para volver a un criterio basado en la imposibilidad de trabajar.
También se advirtió sobre la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal, lo que podría desalentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. A esto se suman modificaciones en los sistemas de auditoría, con mayores facultades para suspender prestaciones, y la implementación de un reempadronamiento obligatorio con plazos acotados.
Además, se cuestionó el cambio en el esquema de financiamiento, que podría trasladar responsabilidades a las provincias sin garantías claras de recursos, así como la posible fragmentación del sistema de prestaciones básicas al eliminar criterios arancelarios comunes.
Del encuentro participaron además organizaciones sociales, prestadores, familiares y referentes vinculados a la discapacidad, quienes expresaron su rechazo a la iniciativa y plantearon la necesidad de sostener el marco normativo vigente.
Desde el Partido Justicialista nacional reafirmaron el acompañamiento a las organizaciones. “Vamos a estar al lado de quienes están dando esta pelea contra el retroceso de derechos, la estigmatización y la indiferencia. Creemos en un Estado que cuide, que proteja y que garantice derechos”, señaló Raverta.