La incertidumbre crece entre los 90 trabajadores de la Clínica Mar del Plata tras la muerte de su dueño, ocurrida la semana pasada. Según fuentes consultadas por Mi8, ninguna autoridad se presentó para informar qué ocurrirá con el establecimiento y con los puestos de trabajo.
El personal sostiene que la institución está sin pacientes y que los empleados hacen guardias para cuidar el edificio. A la falta de definiciones se suma el reclamo salarial: hasta el momento, aseguran, solo recibieron el 50% del sueldo.
“Estamos sin novedades desde que falleció el dueño”, señalaron las fuentes. Indicaron que los trabajadores permanecen a la espera de una comunicación que permita conocer cuál será el futuro de la clínica.
Los empleados también contaron que un abogado intentó concretar una reunión con ellos, pero después no volvió a comunicarse. Por ahora, según su relato, ese contacto no se tradujo en respuestas sobre la continuidad del establecimiento ni sobre el pago de los haberes pendientes.
Los problemas laborales no comenzaron con el fallecimiento del propietario. La clínica ya arrastraba demoras en los pagos y reclamos por salarios incompletos, en paralelo con las dificultades sanitarias que motivaron la intervención de las autoridades provinciales y de la Justicia.
El antecedente de la clausura y la causa judicial
En agosto, el Ministerio de Salud bonaerense confirmó a este medio la clausura del sector de internación, que impedía recibir nuevos pacientes. La medida respondió a irregularidades vinculadas con la habilitación, la falta de personal y la distribución de espacios dentro de la institución, ubicada en San Luis al 2500.
En aquel momento, el establecimiento todavía mantenía una atención mínima para las personas que permanecían internadas y se organizaban derivaciones. El cuadro actual es distinto: las fuentes consultadas afirman que ya no hay pacientes.
En paralelo, la investigación judicial continúa. La Fiscalía espera los informes de las autopsias para determinar si hubo delitos. Ese análisis permanece pendiente y no permite anticipar conclusiones sobre responsabilidades penales.